El equipo de gobierno avisa de que a partir del 31 de diciembre entraría en vigor la normativa europea para las zonas de bajas emisiones, más restrictiva que la propuesta en la ordenanza

La concejala de Fondos Europeos, Lidia Coca, y el concejal de Comercio, David Pacios, han puesto sobre la mesa los próximo pasos que dará el equipo de gobierno tras tumbar el PSOE y VOX su propuesta para la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Coca le ha recordado a VOX que «ellos no han tumbado nada» porque la ZEB sigue vigente y activa, la diferencia estriba en que al no aprobarse la ordenanza se tendrán que devolver los 2,4 millones de euros recibidos de fondos europeos para acometer las obras e instalar los sistemas informativos y de vigilancia. Además, ha señalado que de no tener una solución y una normativa que regule la ZBE, antes del 31 de diciembre, entraría en vigor la normativa europea para estas zonas, que es más restrictiva que la planteada en la ordenanza.

Por todo ello, Coca ha explicado que el equipo de gobierno «está analizando las consecuencias para que no sean los ponferradinos los que se vean afectados por esta problemática». La concejala ha lamentado que el PSOE no llevara a la correspondiente comisión informativa las últimas alegaciones que presentó el mismo día de la celebración del pleno y que no permitió al Gobierno tener tiempo para estudiarlas y discutirlas.

Por su parte, David Pacios ha sido muy crítico con el PSOE y le ha reprochado que en el 2021 planteara la creación de una ZBE en Ponferrada sin un estudio técnico sobre los niveles de contaminación en el propio centro de la ciudad y de otro sobre el impacto que tendría la iniciativa en el entorno comercial, definiendo esa decisión como «caciquil y rastrera». Es más, ha añadido que los datos que les ha aportado el sensor instalado en la Plaza Julio Lazúrtegui han demostrado los bajos niveles de contaminación que hay en esa zona, y que en ningún momento se han sobrepasado los índices recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), referidos a partículas y gases tóxicos que pueden afectar a la salud de las personas. El concejal ha acusado al PSOE de haber implantado la Zona con fines electoralistas para captar 2,4 millones de euros de fondos sin tener en cuenta las consecuencias del proyecto.

Pacios ha añadido que de las 150 ciudades españolas que superan los 50.000 habitantes y que, por tanto deberían ubicar una ZBE, solo 14 de ellas lo han hecho. Entre ellas, las principales capitales de provincia como Madrid, Barcelona, Córdoba, o Sevilla.

Por último, Lidia Coca ha pedido a la oposición que tenga «altura de miras», lamentando que VOX se haya instalado en el «no es no» de forma permanente.