Ciudadanos propone prohibir la apertura de casas de apuestas cerca de centros escolares

Rosa Luna, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ponferrada.

El Grupo Municipal Ciudadanos ha registrado en el Ayuntamiento de Ponferrada una propuesta que busca mejorar la normativa relativa al juego y adicciones ante la regulación dispar entre Comunidades Autónomas y el aumento significativo de salas en toda España. Tiene que ver con la prohibición de la apertura de casas de apuestas y juego en las proximidades de centros escolares, institutos y edificios públicos con alto tránsito de menores de edad, a través de la modificación en la normativa sobre planificación urbanística.

“En el municipio de Ponferrada tenemos ejemplos de esta situación, como ocurre en las cercanías de los colegios San Ignacio, IES Álvaro de Mendaña y EOI, donde los jóvenes tienen establecimientos cercanos de este tipo de juegos”, ha explicado la portavoz, Rosa Luna.

Ante esta situación, son varias las asociaciones y entidades que están detectando una cada vez más precoz incidencia de la ludopatía entre los adolescentes de nuestro municipio, algo que el Consistorio debería tener en cuenta para poner de su parte todos los medios posibles para alejar a nuestros jóvenes de estas graves adicciones.

Además, el Grupo Municipal Ciudadanos ha instado al Ayuntamiento a poner en marcha campañas de concienciación dirigidas también a los progenitores sobre los riesgos que entraña el juego, junto a la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para la supervisión de los mecanismos de identificación que detectan el acceso de menores de edad a los mismos.

Cabe destacar que, según un estudio coordinado por la Dirección General de Ordenación del Juego, la medida de edad del inicio en estas actividades en nuestro país es a los 21 años, habiéndose iniciado en el juego el 36% de los encuestados antes de los 18 años. Por otra parte, según la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (ANESAR), el número de casas de apuestas se han multiplicado en todas las Comunidades Autónomas, alcanzando las 3.132 en 2017, lejos de as 2.441 registradas en 2014.