La portavoz liberal, Ruth Morales, asegura que el alcalde ha vulnerado los derechos de su grupo al no permitirles presentar una enmienda a la totalidad

Las concejalas del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ponferrada, Ruth Morales y Teresa García Magaz, han presentado, esta mañana, en el registro del Ayuntamiento, recurso de reposición contra los acuerdos de aprobación del Presupuesto General del Consistorio ponferradino y de la plantilla de personal municipal para el año 2022.

En el recurso se pide la anulación del acuerdo mediante el que se aprobó el Presupuesto General, y sus bases de ejecución, por “haberse vulnerado los derechos de las concejalas del Grupo Municipal de Ciudadanos a la participación política”, al haber denegado el alcalde el derecho a presentar una enmienda por parte de este Grupo solicitando la devolución del proyecto presupuestario.

De esta forma, «Olegario Ramón, ha intentado, una vez más, impedir que la portavoz de Cs presentase una proposición en el ejercicio de sus funciones políticas más elementales, conculcando abiertamente sus derechos fundamentales y la legislación vigente en materia de régimen local, que ampara el derecho a presentar proposiciones o enmiendas, y a exponerlas, defenderlas y debatirlas en tiempo y forma», afirman desde Ciudadanos.

Además, las concejalas de Ciudadanos piden la anulación del acuerdo relativo a la aprobación de la plantilla de personal por un doble motivo. En primer lugar, por contemplar de nuevo la creación de dos plazas de libre designación “insuficientemente justificadas”, como ya se hizo en el 2021,” incumpliendo las normas vigentes en materia de creación de plazas en las plantillas de las entidades locales”, olvidando, además, que esta cuestión se haya sub judice en un procedimiento contencioso administrativo en el Juzgado de lo contencioso número 2 de León, que aún no ha dictado sentencia al efecto.

En segundo lugar, se pide la anulación de la plantilla, “al haberse elaborado en clara vulneración de las normas” que obligan a la existencia de un Plan de Igualdad, de una auditoria retributiva y de un registro salarial, que garanticen la aplicación de los principios de transparencia retributiva y de ausencia de discriminación salarial.

“Este incumplimiento legal es aún más grave conociendo el alcalde y su equipo de Gobierno que existen denuncias públicas al respecto”, concluyen las concejalas.