Cuando se tenga una vacuna contra el COVID19 el reto será que sea accesible para todos

El pasado viernes, 24 de abril, se acordó la colaboración mundial entre la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea y organismos como la Fundación Bill y Melinda Gates, para desarrollar medicamentos y vacunas contra el COVID19 de forma que puedan ser accesibles para todos.

El 4 de mayo dará inicio una campaña para conseguir 7.500 millones de euros para el proyecto, pero experiencias anteriores ponen en duda que el proceso vaya a ser fácil y barato, como la del tratamiento para la hepatitis-C que en el mercado alcanza un precio 800 veces superior al coste de su producción. Según Vanessa López, directora de Salud por Derecho, alerta del peligro de esta situación. “Si solo una compañía tiene la patente podríamos encontrarnos con problemas de suministro y precios abusivos”, añade López. “Serán millones de personas las que necesitarán el medicamento”.

Para la directora del máster en Acción Humanitaria Sanitaria de UAH, Consuelo Giménez, «El derecho de patente de un particular no puede convertirse en un obstáculo que dificulte la atención de la emergencia».

En estos momentos, se busca tratamientos efectivos que estén basados en fármacos que ya se utilizaban para otras enfermedades y que podrían ser efectivos. Uno de los proyectos más destacados es el que está desarrollando Solidarity, promovido por la OMS, y basado en los tratamientos: Remdesivir, cloroquina e hidroxicloroquina, una combinación de Ritonavir/Lopinavir y Ritonavir/Lopinavir más Interferón Beta.

Por otro lado, de las 89 vacunas que se están desarrollando, la OMS solo destaca 7 de ellas que están en evaluación clínica. Lo que ha quedado demostrado es que en el caso de una pandemia es imposible que un solo laboratorio pueda producir la vacuna que más viable. Vacunas que, según Vanessa López, estarán protegidas por una patente por lo que se enfrentarían a problemas de suministros y precios, «En los últimos años el número de empresas que fabrican vacunas ha ido decreciendo, lo que supone una dificultad añadida», recuerda López.

Derecho por la Salud propone que la financiación que se está aportando para la investigación incluya cláusulas para que los precios de los tratamientos tengan precios justos y sean licencias abiertas, “Puesto que hay una gigantesca cantidad de dinero público invertido en estas vacunas y estos tratamientos, es necesario que no haya una licencia de exclusividad y pueda ser producida por diferentes compañías”, concluye López.

Fuente: SINC