Declarada ilegal la Red de Calor de Ponferrada

El Juzgado Contencioso-Administrativo nº1 de León declara que la Central de Biomasa (Red de Calor) de Ponferrada se trata de una actividad industrial y no de equipamiento y que, por tanto, no se puede ubicar en el solar de la montaña de carbón donde se ha construido.

Además, la resolución anula todas las licencias municipales de la central, dejándola en la total ilegalidad y condenando al ayuntamiento de Ponferrada “a ordenar y llevar a cabo la paralización de la construcción y cese de la actividad que, en su caso, se estuviera desarrollando”.

El Juez Alfonso Pérez Concesa también concluye que  “sostener que la construcción y uso de una Central Térmica de Biomasa pueda constituir una actividad provisional y temporalmente limitada, conculca toda razonabilidad.”.

Víctor Álvarez Bayón, el abogado de Cordal Estudio Jurídico que ha llevado la demanda manifiesta que “esta sentencia tiene una gran trascendencia para todas las centrales de biomasa promovidas por la Junta de Castilla y León. Demuestra que el SOMCYL y el Ayuntamiento de Ponferrada , de modo imprudente, han ejecutado ilegalmente una instalación industrial, pretendiendo aprobarla como si fuera un equipamiento provisional. Lo más grave es que esta Central no podrá entrar en funcionamiento a pesar del enorme de gasto de dinero público europeo, que se podía haber evitado si hubieran hecho caso de las reiteradas advertencias formuladas por estas entidades”.

Desde el Juzgado da también la razón a las entidades que denunciaron la falta de transparencia y trámites ambientales del proyecto, señalando que “que no consta ningún tipo de trámite ambiental y que la información pública llevada a cabo resulta notoriamente insuficiente, al igual que la publicidad del proyecto y documentación técnica”.

La asociación de vecinos de Compostilla valora muy positivamente esta noticia porque se produce después de tres años de lucha desigual. Se trata de una sentencia que da plena razón a las quejas que presentaron. La Asociación valora presentar una nueva denuncia penal por los hechos porque lo consideran un «pelotazo» realizado con fondos europeos, «debe ser investigado a fondo y “resulta intolerable que hayan levantado media Ponferrada, conociendo perfectamente que era ilegal hacerlo«, afirman desde la Asociación.

La sentencia se puede recurrir ante el TSJ, pero la Asociación de Vecinos pide al Ayuntamiento que no la impugne para no generar más gastos de los ya asumidos por los ciudadanos de la ciudad. Según la presidenta de la Asociación, Pilar Martín «“Esta Corporación, en lugar de recurrir la Sentencia, debe pedir responsabilidades a los miembros del PP que aprobaron en Junta de Gobierno estas licencias ilegales, a espaldas de los ciudadanos y que han permitido ejecutar una instalación ilegal».