El Consejo Consultivo de Castilla y León ha declarado nulos los acuerdos plenarios del 29 de agosto de 2014 y las juntas de gobierno de los días 18 y 19 de septiembre del mismo año, por los que se acordó que el Ayuntamiento de Ponferrada se tenía que hacer cargo de los costes que la Fundación de Deportes contrajera y no pudiera hace frente con motivo de la organización del Mundial de Ciclismo.

Amaparo Vidal. Foto: Raúl C.

El Ayuntamiento solicitó el dictamen del Consejo Consultivo con motivo de la deuda de 3 millones de euros que la Fundación de Deportes reclamó al Ayuntamiento y que tenían que ver con dos prestamos realizados por el Banco Santander y el Transporte Urbano de Ponferrada (TUP) a la Fundación. El Ayuntamiento acordó en sesión plenaria el no pago de la deuda y ahora tendrá que ratificar, también en pleno, el dictamen del Consejo.

La resolución es vinculante pero como la Fundación contrajo un compromiso con terceros en base a los acuerdos ahora anulados se tendrá que indemnizar a las dos entidades, Banco Santander y TUP. Aunque la cantidad y el procedimiento no está todavía claro, es muy probable que finalmente el Consistorio tenga que abonar los 3 millones adeudados.

Las razones por las que el Consejo ha anulado los acuerdos son numerosas. Primero se hace mención a que se contrajo la obligación de pagar sin que constara un expediente que se tramitara para precisar cual era el importe de esas obligaciones.

Por otro lado, no hay un informe jurídico que respalde los acuerdos; el que hay de Intervención se considera nulo por suponer un desembolso económico para el Ayuntamiento.

Además, no había consignación presupuestaria, ni estaba en el plan estratégico de subvenciones, ni había medias de cumplimiento con el Plan de Estabilidad Presupuestaria.

Según Amparo Vidal, concejal de Hacienda, ni había una definición clara de lo que se iba a dar ni el procedimiento, “Hay carencia de precisión, transparencia y sujeción al más mínimo procedimiento, con el único límite cuantitativo de la cantidad que fuera necesaria”, ha concluido Vidal.

El Consejo Consultivo de Castilla y León es el superior órgano consultivo de la Comunidad de Castilla y León. No está integrado en ninguna de las Consejerías u otros órganos o entidades de la Administración de la Comunidad de Castilla y León ni en ninguna otra Institución Autonómica. Está adscrito presupuestariamente a las Cortes de Castilla y León.

Ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional con el fin de garantizar su objetividad e independencia. Los asuntos sometidos a dictamen del Consejo Consultivo no podrán remitirse para su informe posterior a ningún otro órgano o institución de la Comunidad de Castilla y León ni de las entidades locales de su territorio. Dichos asuntos tratan, entre otros, sobre anteproyectos de ley de la Junta de Castilla y León, proyectos de reglamentos, recursos de inconstitucionalidad, responsabilidad patrimonial de la Administración, contratación administrativa, revisión de oficio de disposiciones y actos administrativos.