El Consejo Regulador de la DO Bierzo presenta alegaciones al proyecto fotovoltaico Compass II

El Consejo Regulador de Vinos de la Denominación de Origen Bierzo ha presentado alegaciones a la solicitud de concesión administrativa y estudio de impacto ambiental del proyecto fotovoltaico Compass II y manifiesta su «más rotunda negativa a la concesión» de la autorización

Desde el Consejo se alega que la zona afectada donde se pretende instalar el parque de placas solares está incluida dentro del ámbito de producción del Consejo Regulador y atenta
contra parajes representativos del viñedo local afectando gravemente a los mismos y al paisaje. Concretamente en el Paraje de los Fornos, en Otero, dentro del municipio de Toral de los Vados, se verán afectadas varias hectáreas de viñedo viejo, con cepas de más de 100 años de
antigüedad con el consiguiente perjuicio económico para todos los viticultores que poseen
viñedo en esa zona.

Se denuncia que el proyecto contempla arrasar esas hectáreas de viñedo viejo, viñas conservadas y recuperadas con un gran esfuerzo por parte de los viticultores que han contribuido a conseguir que el Bierzo posea la mayor extensión de viñedo viejo del mundo. «Ese patrimonio no puede perderse, es una de las señas de identidad de la comarca y de sus vinos, el viñedo viejo y su clasificación son elementos diferenciadores que tiene la denominación de origen Bierzo con respecto a otras denominaciones. Nuestra obligación es la de conservar la cultura vitivinícola, preservar el paisaje y proteger la biodiversidad de nuestra comarca y de todos los elementos que conforman nuestro patrimonio cultural y natural y por supuesto mantener y perpetuar el legado vitivinícola que suponen los viñedos viejos», destacan desde la DO.

A lo que se añade que el parque afectará también a la actividad agroalimentaria y al turismo. Se critica que el estudio de impacto ambiental presentado no valore que el Bierzo y los municipios afectados son la zona con más marcas de calidad agroalimentaria de Castilla y León. A todo ello, se une que el proyecto tendrá un impacto en los enclaves paisajísticos y en el propio Camino de Santiago.

«La Administración debe poner freno al despliegue salvaje de este tipo de proyectos, y aplicar
estrictamente la ley y criterios de utilidad pública», concluyen desde el Consejo Regulador.