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La ARMH pide una comisión en Castilla y León sobre las víctimas de la dictadura
La ARMH busca los restos de Arsenio Macías en Villalibre de la Jurisdicción. Foto Bierzotv
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha remitido por registro oficial una petición dirigida a todos los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León, a la Presidenta de la cámara, al Procurador del Común y a la Consejería de Presidencia de CyL, en la que se solicita la creación de una Comisión de la Memoria Histórica que estudie la situación de las víctimas de la dictadura y que prepare una ley que atienda sus derechos.
En su escrito, la ARMH pone como ejemplo la “Ley 4/2017, de 26 de septiembre, de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo en Castilla y León” en cuyo preámbulo se incluye un texto que podría aplicarse igualmente a las víctimas de la dictadura franquista: “Constituye un deber moral y jurídico de los poderes públicos, y así lo manifiesta y asume la Comunidad de Castilla y León, garantizar el reconocimiento público de las víctimas de la violencia terrorista, velar por su protección, bienestar, reparación y asistirlas en aquellas necesidades que se hayan agravado por su condición de víctimas”.
La ARMH defiende que ha sido especialmente crítica con el proyecto de decreto del gobierno de la Junta sobre memoria histórica por considerar que se estaba tratando de secuestrar un debate necesario en las Cortes y con él no se daba voz a las víctimas en sede parlamentaria. Recuerda que ha llevado a cabo desde su primera exhumación en el año 2000 la recuperación de 800 cuerpos en Castilla y León, sin haber recibido ninguna ayuda por parte de las instituciones autonómicas que durante diecisiete años han mirado para otro lado mientras morían familiares de desaparecidos, ex presas políticas y numerosas personas afectadas por la represión que no han visto en sus instituciones autonómicas la más mínima atención.
El escrito insta a los grupos políticos a utilizar como material para el trabajo de la comisión los informes elaborados por dos organismos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas: el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y el del Relator Especial para la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, Pablo de Greiff; ambos hechos públicos en el verano de 2014.