La Comisión Especial dictamina que el Mundial de Ciclismo nunca debió celebrarse porque Ponferrada no estaba preparada

Mundial de Ciclismo en Carretera 2014 en Poneferrada. Foto: Raúl C.

Es una de las muchas conclusiones que se han expuesto en el pleno extraordinario celebrado para exponer las conclusiones de la Comisión Informativa Espacial sobre la celebración del Mundial de Ciclismo en septiembre de 2014. La ciudad no estaba preparada económicamente para asumir su organización y las consecuencias fueron nefastas. El dictamen ha sido aprobado por mayoría por los grupos presentes: Ponferrada en Común, Ciudadanos, Coalición por el Bierzo, Partido Socialista y Partido Popular. No acudieron a la sesión los grupos de USE Bierzo y PRB.

La Comisión ha encontrado un gran número de irregularidades que la portavoz del Partido Popular, Amparo Vidal, ha resumido con el informe del evento del Consejo Consultivo: «La utilización de la Fundación de Deportes por parte del Ayuntamiento de Ponferrada para la organización del Mundial de Ciclismo de 2014 comporta la huida del derecho administrativo y de los controles de gasto y eficiencia en fondos públicos». Vidal ha querido también desmontar las cuentas que hoy mismo el exalcalde y actual portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, ha defendido, recordando que el informe de Intervención subrayó que sólo se obtuvieron unos ingresos de 2,8 millones de euros y que el resto de la financiación la tuvo que poner el Ayuntamiento, directamente o a través de avales como el que la Junta de Castilla y León dio a costa de inversiones que se tenían que realizar en Ponferrada, como el Centro Integrado de Formación Profesional, ha recordado también el

El portavoz del PSOE, Olegario Ramón, ha manifestado que el germen de todos los males estuvo en la aprobación, que hizo el equipo de gobierno de Carlos López Riesco, para que fuera la Fundación de Deportes la gestora del Mundial y la posterior decisión del Bipartito, con Samuel Folgueral como alcalde, de que los gastos que no pudiera pagar la Fundación los asumiera el Ayuntamiento de Ponferrada. En este mismo sentido Rosa Luna ha recordado que fue una entidad privada la que organizó y una institución pública la que pagó.

Entre las irregularidades mencionadas por los diferentes concejales de los grupos presentes en el Pleno están la falta de claridad y control de los horas extraordinarias pagadas, la no contratación de un seguro de responsabilidad civil para estar cubiertos en caso de no poder pagar el canon exigido por la UCI, pago de facturas en los que el concepto no estaba claro o no se sabía con que parte del Mundial tenían que ver, la contratación de una auditora externa que se basó en un informe de la intervención del Ayuntamiento y no en datos propios, el cambio de denominación de obras relacionadas con el Mundial para que fuera la empresa concesionaria del servicio de agua la que las pagara (815.000 euros), no se siguió el criterio de igualdad en la contratación de personal, no se desglosaron los gastos de muchos departamentos, y la contratación a dedo de la empresa encargada de gestionar los hoteles, entre otras.

El portavoz de Ponferrada en Común, Miguel Ángel Fernández, ha recordado que el informe de la Comisión se ha trasladado también a la Fiscalía y ha pedido, junto a los portavoces de todos los grupos, responsabilidades políticas a Samuel Folgueral y a los concejales actuales de USE Bierzo que formaron parte del Bipartito.

En el informe de la Comisión se incluyen también cinco recomendaciones: la obligación de comparecer a las comisiones especiales de todas las personas que hayan tenido alguna responsabilidad en el tema que se estudia, que los informes técnicos se redacten de forma que no puedan dar lugar a diferentes interpretaciones o a dudas, el planteamiento de la futura participación del Ayuntamiento en fundaciones que tienen como objetivo escarpar del control económico, que las obras que se ejecuten por Aquona estén relacionadas únicamente con el abastecimiento del agua y no otros fines y el traslado al Ministerio Fiscal de los puntos de las conclusiones que puedan ser constitutivos de delito.