La Junta y el Ayuntamiento firman un convenio para mejorar la gestión de las 8 viviendas de alquiler social disponibles en Ponferrada

Firma del convenio del parque de viviendas sociales de la Junta. Foto: Raúl C.

Con la intención de mejorar la gestión de las 8 viviendas que dispone la Junta de Castilla y León para el alquiler social, el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, han firmado esta mañana un convenio de colaboración que se enmarca dentro del protocolo firmado el pasado mes de noviembre con la Federación Regional de Municipios y Provincias. Las viviendas forman parte de las 124 incluidas en el el Parque de la provincia.

Las personas y familias que se encuentren en determinadas condiciones de exclusión social o sean víctimas de violencia de género pueden optar a las viviendas a través de la concejalía de Bienestar Social que las gestionará directamente con los CEAS.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente mantendrá informados permanentemente y de forma actualizada a los servicios sociales sobre el número de viviendas disponibles, tanto en Ponferrada como en la provincia de León, información que trasladarán a los interesados, dándoles el asesoramiento y orientación profesional necesarias para formalizar su solicitud a través de la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis. El sistema consigue el intercambio de información y de gestión conjunta entre la Junta y Ayuntamiento en favor de una gestión del servicio público más rápida y eficaz sin que el ciudadano que se encuentra ante una situación de necesidad tenga que acudir a otra instancia u oficina que no sea el CEAS correspondiente.

Por su parte, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades facilitará el acceso a la información y al alquiler social de una vivienda del parque público de viviendas a las personas vulnerables, principalmente cuando la interlocución que lleva a cabo el Servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio no resuelva la situación de impago y la persona pierda su vivienda habitual; en el caso de víctimas de violencia de género con pocos recursos económicos, y en los casos de familias con menores de edad que presentan carencia de medios económicos con difícil empleabilidad y dificultades para acceder a una vivienda en alquiler. Además, como responsable de la Red de Protección a las familias, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades va a coordinar a nivel regional la gestión de aquellas solicitudes de vivienda dirigidas a un municipio distinto al de origen, como pueda ser el caso de una mujer víctima de violencia de género sin recursos que precise por sus circunstancias de una vivienda en otra provincia.