La Junta y las cuatro universidades públicas impulsan una red común de infraestructuras científico-tecnológicas

El consejero de Educación, Juan José Mateos, y los rectores de las universidades públicas de Burgos, Alfonso Murillo; León, José Ángel Hermida; Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez; y Valladolid, Daniel Miguel San José; han firmado esta mañana un convenio de colaboración para la creación de una red de equipamiento científico-tecnológico compartida entre dichas instituciones académicas. Este acuerdo, denominado Infrared, permitirá optimizar el uso de las infraestructuras, mejorar la transferencia de los resultados de la investigación al tejido empresarial y canalizar la obtención de recursos para la adquisición y mantenimiento de equipamientos científico-técnicos.

La estrategia Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, tiene entre sus objetivos fortalecer las capacidades y el liderazgo internacional de las instituciones y centros públicos a través de infraestructuras de investigación de excelencia, entre ellas las electrónicas, accesibles a todos los investigadores en Europa. En este mismo sentido, la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020, del Ministerio de Economía y Competitividad, tiene como objetivo general el fomento de la investigación científica y técnica de excelencia que debe apoyarse, entre otros, en una red avanzada de infraestructuras y equipamiento científico-técnico y disponer de acceso a infraestructuras de primer nivel internacional.

En Castilla y León estas líneas de actuación quedan recogidas en la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) 2014-2020 que establece como uno de sus principales ejes el fomento de la colaboración multidisciplinar entre agentes generadores de conocimiento y la transferencia de conocimiento. Este objetivo se alcanzará al mejorar las relaciones en el sistema autonómico de I+D+i y al establecer mecanismos para fomentar la colaboración empresarial, así como la multidisciplinar entre investigadores y la transferencia de conocimiento y tecnología.

Por este motivo, la Consejería de Educación y las universidades públicas de la Comunidad han firmado un acuerdo para la creación de una red de equipamiento científico-tecnológico compartido entre dichos centros académicos, que permita optimizar el uso de las infraestructuras, mejorar la transferencia de los resultados de la investigación al tejido empresarial y canalizar la obtención de recursos para la adquisición y mantenimiento de equipamientos científico-técnicos especialmente singulares, respetándose en todo momento la autonomía de cada institución.

Así, la Administración educativa autonómica se compromete a elaborar un catálogo de equipamientos científicos y técnicos de los que disponen las universidades públicas de Castilla y León que, por sus características o por su singularidad, se acuerde que formen parte de la red. Para ello, las instituciones académicas deberán facilitar a la Dirección General de Universidades e Investigación la relación e información necesaria de los equipos propios que proponen incluir en el catálogo.

Asimismo, la Consejería de Educación colaborará para que los equipos de investigación de las diferentes universidades intercambien experiencias entre sí y con otros grupos nacionales e internacionales y difundirá la oferta tecnológica y científica de las instituciones académicas públicas de Castilla y León entre los agentes socioeconómicos de la Comunidad para promover la realización de trabajos externos.

Por su parte, las universidades deberán establecer las tarifas de utilización de los equipos científicos; proporcionar información detallada sobre el campo de aplicación de los dispositivos pertenecientes a la red y de los sectores empresariales que podrían beneficiarse de esa tecnología; informar a los diferentes grupos de investigación de su universidad sobre los equipos disponibles en la red para que sean utilizados de forma preferente, con independencia del organismo al que pertenezcan; e identificar, por áreas temáticas, los expertos que pueden prestar asesoramiento en cuestiones relacionadas con pruebas y ensayos analíticos a los investigadores de las universidades públicas de Castilla y León.