Se han adherido al protocolo todas las Comunidades y ciudades autónomas del territorio de competencias del Ministerio de Justicia, con excepción de Castilla y León

El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, con el apoyo de la Unidad de Igualdad, dependiente del Ministerio que dirige Pilar Llop, ha impulsado un protocolo para atención de las víctimas de violencia de género entre las Oficinas de Asistencia a las Víctimas (OAV) y los servicios sociales y servicios especializados de las Comunidades y ciudades autónomas del territorio de competencia ministerial.

Todas las Comunidades y ciudades autónomas del territorio de competencia del Ministerio de Justicia se han adherido a este protocolo, con la excepción de Castilla y León. Se aplicará, así, a las 16 OAV y a los servicios sociales y servicios especializados de Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla.

«Entendemos que no sólo no hay ni una sola razón que justifique la no adhesión a un instrumento claramente dirigido a favorecer una mayor y más eficaz coordinación entre servicios de atención y asistencia a las víctimas de las violencias machistas, sino que no hacerlo es renunciar institucionalmente a mejorar su protección, su seguridad y sus oportunidades de vida. Algo que para esta Plataforma supone una actuación de nuestro gobierno regional absolutamente reprobable e inadmisible», afirman desde la Plataforma.

El objetivo del protocolo es recíproco para permitir una derivación ágil y directa de las víctimas entre estos servicios. De este modo el nuevo protocolo se aplica a la atención, asistencia, protección y derivación de las víctimas de violencia de género, en los términos previstos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que se dirijan a las OAV y que no hayan presentado denuncia por hechos constitutivos de violencia de género o que no hayan ratificado su denuncia en sede judicial.

«El Protocolo impulsado por el Ministerio de Justicia, al cual no se ha adherido Castilla y León, es un instrumento fundamentalmente de coordinación entre servicios de atención a víctimas. Renunciar a su utilización, como ha hecho nuestro gobierno regional es privar a las mujeres de esta Comunidad que sufren violencia, de un mayor y más eficaz acceso a la asistencia social integral, en definitiva a los recursos para su protección, su seguridad y su proyecto de vida», concluyen las feministas, que ven en esta decisión una consecuencia del gobierno de coalición entre el PP y Vox en la Junta de Castilla y León.