La Plataforma por la Educación Pública del Bierzo apoyará los actos que se celebrarán en León contra la implantación de la nueva ley de educación, la LOMCE. Una legislación que consideran que se suma a los recortes aplicados y que está en contra de la educación pública.

Este es el manifiesto que han redactado y que argumenta su oposición directa a las reformas que se están promoviendo desde el Gobierno.

«A pesar de la masiva movilización de la Comunidad Educativa, unánime en el rechazo a la Ley Wert, con dos huelgas generales y una larga campaña de manifestaciones; a pesar del descrédito del Ministro, la LOMCE ya está en vigor y la agresión sistemática contra la educación pública continúa. A la aprobación de la Ley, se suman sus desarrollos normativos y nuevos recortes, por lo que las razones que sacaron a la totalidad de la comunidad educativa a la calle en 2013, siguen vigentes.

No sólo se ha quitado poder de decisión a los Consejos Escolares y claustros, transfiriéndoselo a la Administración educativa y a la dirección del centro, sino que se va a potenciar el clientelismo de los equipos directivos al darles (como ya está pasando en algunas CCAA) la potestad de seleccionar  a una parte del profesorado.

No solo se van a poner en marcha reválidas que aumentarán el fracaso escolar sino que dicha carrera de obstáculos va a servir, también, para publicitar una clasificación y financiación de colegios según sus resultados, lo que conseguirá que las escuelas se hagan más selectivas, y rechacen al alumnado que presenta mayores dificultades, y puede empeorar su posición en un ranking que determinará parte de los ingresos y favorecerá, de paso, la división creciente entre centros de élite y  guetos escolares.

No sólo se resucita el carácter evaluable de la asignatura de religión, y se elimina Educación para la Ciudadanía sino que aumentan los conciertos con la enseñanza privada, financiando, además, con fondos públicos la separación del alumnado por sexos, en centros propiedad de organizaciones fundamentalistas, llegando incluso hasta cederles suelo público.

Privatizaciones que se unen a las de los servicios de limpieza y comedores traspasando la gestión a empresas que han aumentado sus beneficios a costa de una menor calidad, subidas de precios y recorte de becas.

No sólo se recortan las ayudas para los libros de texto (la Consejería de Educación dedicará este curso la tercera parte de los 21,2 millones de euros del total del curso 2010-2011), sino que cada año se compacta más el Bachillerato y la Formación profesional en el medio rural, se incumplen las promesas de construir centros públicos en el alfoz de las ciudades y se dejan sin cubrir las bajas del profesorado durante semanas.

No sólo se va a agrupar a los alumnos desahuciados de la ESO en la nueva Formación Profesional Básica sino que se pretende hacer en dos años, con el mismo dinero y a costa de la calidad, lo que hasta ahora se hacía en uno.

No sólo se ha legalizado el aumento de jornada lectiva del profesorado y de las ratios, sino que se va a seguir deteriorando las condiciones de trabajo al propiciar los traslados, con un baile de asignaturas que cambia la carga lectiva y especializa los centros.

No sólo se propicia una mayor precariedad del profesorado interino, con cambios en la oposición que supondrán un alto grado de rotación, sino que además no se cubre la mayoría de las jubilaciones.

Los recortes educativos están suponiendo, además, que cada vez más jóvenes no puedan acceder o se vean obligadas a abandonar, los estudios superiores. El incremento de las tasas (estudiar un Grado o un Máster en las universidades públicas de Castilla y León es un 29% más caro que la media nacional), el recorte en las becas (este curso el recorte se ha acercado al 50%) y ayudas (la Junta de Castilla y León suprimió en 2011 las ayudas complementarias de las becas Erasmus) suponen una barrera económica infranqueable para muchas familias.

Sin embargo, aunque, por ahora no hayamos sido capaces de pararlos, resignarnos sólo va a facilitar un mayor deterioro de la enseñanza pública y de nuestros derechos.

Profesorado, familias, estudiantes, y el conjunto de la ciudadanía, debemos mantener, por ello, un proceso de movilización contundente, unitario y sostenido frente a la política de recortes, apostando por la continuidad de la protesta, pero también por la defensa de la calidad de cada una de las escuelas públicas y por el impulso de un cambio político, que paralice, de forma inmediata, la aplicación de la LOMCE, y propicie la elaboración de una ley que cuente con el consenso de la comunidad educativa.

Porque las víctimas de todos esos recortes, y del saqueo de lo público, tienen además cara, nombre y apellidos, y son la consecuencia del recorte presupuestario en Educación, que en Castilla y León supone un disminución del 20,4% respecto a 2010, lo que sitúa a nuestra región en el cuarto puesto del ranking estatal de bajada del gasto educativo,

Es tremendo ver como no falta financiación para sanear la banca, cubrir los agujeros de las autopistas, socializar las pérdidas de las grandes empresas y los proyectos fallidos, y, sin embargo, se va seguir reduciendo los recursos para la inversión de futuro más rentable de un país, hasta dejar el gasto público educativo en el 3,9% del PIB, uno de los más bajos de la OCDE y la UE. Esos recortes afectarán sobre todo a la equidad del sistema, al mermar la capacidad de los centros para atender a la diversidad de su alumnado

Por todo ello, porque quieren llevarnos a un modelo de sociedad de trabajadores precarios y mal pagados, para el que es suficiente un sistema educativo mediocre, tendremos que seguir luchando por nuestro futuro.

Porque si luchamos podemos perder, pero si no luchamos estamos perdidos».