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Ramón rechaza cómo se tramitó la Red de Calor y analizará si el Ayuntamiento recurre la sentencia que la declara ilegal
Es lo que ha manifestado hoy el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, al ser preguntado si el Ayuntamiento tiene la intención de recurrir la sentencia que anula las licencias concedidas al SOMACYL para construir la Red de Calor. Según Ramón, se trata de un tema muy complejo que tiene que analizar con los servicios jurídicos del consistorio porque puede tener consecuencias patrimoniales muy serias.
El Alcalde da por hecho que el SOMACYL recurrirá la sentencia, y afirma que, dependiendo de los dictámenes de las instancias superiores como el TSJ de Castilla y León o el Supremo, se verá si finalmente hay que derruir una instalación en la que se han invertido más de 4 millones de euros.
Olegario Ramón ha remarcado que las cosas no se hicieron bien ya que, tal como refleja la sentencia, se otorgó una autorización excepcional de carácter provisional que a todas luces no tenía nada que ver con lo que el propio proyecto de la Red preveía, una instalación con carácter definitivo. Ramón lamenta que el anterior equipo de gobierno abusara de este tipo de autorizaciones, la misma con lo que se ejecutó el aparcamiento anexo que se construyó cuando se cerró el de Obispo Osmundo.
«Está claro que no se dijo la verdad, y no se hizo bien, se tenía que haber consultado a los grupos de la oposición ( se aprobó en Junta de Gobierno) y a los ciudadanos, antes, no después», ha recordado Ramón, quien además ha señalado que la decisión ya estaba tomada desde noviembre del 2015, tal y como se refleja en un documento que el propio alcalde ha revisado, y que indica que a pocos meses de haberse formado el anterior equipo de gobierno ya se había firmado un convenio para la construcción de la Red de Calor. Acuerdo que, por otro lado, Coalición por el Bierzo afirma no tener conocimiento pese a que formó parte del anterior equipo de gobierno.
Olegario Ramón ha manifestado que el PSOE está a favor de las redes de calor porque es una solución mejor que otras pero que, desde el inicio, les planteó dudas por su ubicación (rechazada por los vecinos del barrio de Compostilla por su proximidad a las casas), y por la forma en que se hicieron las cosas.
La sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo nº1 de León señala también que la central de biomasa, construida en terrenos destinados a equipamientos públicos, no se puede considerar un equipamiento sino un instalación industrial, y alude además a la falta de publicidad y de criterios mediomabientales.